EL caso Bárcenas lo inunda todo en la prensa y, con él, la sombra de la sospecha cae sobre todos y cada uno de los miembros de la clase política, pues el ciudadano ya no hace distingos a la hora de criticar a quienes se dedican a la política. Todos son iguales. Desde luego, el estado de ánimo de la ciudadanía está por los suelos. Los casos de corrupción se han sucedido unos a otros sin interrupción. En los últimos meses, no hay medio de comunicación que no traiga diariamente unas líneas sobre ello. Lo último, el caso Bárcenas, sus cuentas suizas, y los supuestos sobres en dinero B.

El PP debe aclarar este asunto y al tiempo el caso Gürtel que dio origen a la investigación que nos ha hecho llegar a este punto. Debe hacerlo ya. De una manera nítida y documentada. Afrontando lo que tenga que llegar con todas sus consecuencias pues cualquier otra actitud solo puede conducir a lo peor: un goteo continuo de informaciones que desenmascararán las declaraciones del día anterior. Hizo mal el ministro Montoro en querernos hacer creer que Bárcenas no se había aprovechado de la amnistía fiscal para blanquear dinero. Al de pocos días hubo de rectificar. No es bueno tratar como menor de edad a la ciudadanía.

Y no vale que ahora se abogue por un pacto contra la corrupción entre todos los partidos políticos. Como táctica, es astuta: hacer creer a la sociedad que todos están metidos en el mismo fango, son lo mismo y actúan de la misma manera. Pues no, que -como dijo la señora Cospedal- cada palo aguante su vela. Y quien tiene un problema aquí y ahora es el PP. No los demás. Aclárese y después ya hablaremos de lo que tengamos que hablar en el plano legislativo. No antes.

El Grupo Popular en el Congreso ha pretendido dar lecciones sobre financiación de partidos a los demás. Ha forzado modificaciones en la legislación sin consensuarlas previamente con el resto de grupos llevado en ocasiones por cuestiones de imagen. Sin ir más lejos, el primer proyecto de ley que introdujeron en la cámara a bombo y platillo a pocos días de conformarse el Gobierno Rajoy fue una modificación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Con ella recortaban el 30% de las subvenciones públicas a los partidos -ante el aplauso de muchos medios de comunicación, dicho sea de paso- y hacían una apuesta por la financiación privada, en especial de las fundaciones ligadas a partidos. Ni medio año después, en el presupuesto de 2013, el recorte de la subvención pública fue otro 20% sobre el ya realizado. La apuesta por la financiación privada estaba clara. Justo lo contrario de lo acordado anteriormente por la mayoría de partidos en la consensuada ley de 2007. La rapidez y volumen del recorte fue tal que a algún partido, como el PSOE, que había quedado en minoría en la mayoría de los parlamentos, le supuso tener que realizar dos ERE entre sus trabajadores. Algunos podrán pensar ahora que no era de extrañar que el PP pudiera permitirse hacer semejantes recortes en las subvenciones públicas. Iban sobrados por otras vías.

Desde luego, es una discusión abierta y matizable la de si la financiación de los partidos políticos, elementos indispensables para el funcionamiento democrático, debe ser privada o pública. Personalmente, no dudo en posicionarme a favor de la pública. Creo que el costo de la partida presupuestaria bien vale el ahorro en disgustos e influencias de terceros que pudiera provocar la financiación privada a base de donaciones. Por mucho que esta pueda tener mecanismos para su control, nunca podrá estarlo tanto como la pública.

Algunos podrán pensar ahora que no era de extrañar que el PP pudiera permitirse hacer semejantes recortes en las subvenciones públicas. Iban sobrados por otras vías

Pero, volviendo a la omnipresencia de las corruptelas en el panorama político del Estado español, una pregunta recurrente es qué se puede hacer para combatirlas. Para empezar creo que lo primero de todo es ser claros desde el principio acerca de lo que ha ocurrido y ofrecer toda la información posible por parte del partido político afectado. Dicho en términos prácticos, proceder a separar de su responsabilidad política a aquellas personas que hayan sido imputadas, no llevarlas en las listas electorales o no permitir que, como Bárcenas, sigan teniendo un despacho en la sede del partido.

El socorrido recurso de proceder a modificar la legislación inmediatamente después de la aparición de un nuevo escándalo no es en mi opinión lo más eficaz. Hay grupos políticos que en una carrera por la imagen del "y yo más" no dejan de proponer leyes y más leyes sobre los privilegios de los políticos proyectando acerca de estos una imagen de culpabilidad generalizada y generando incredulidad. De hecho, yo diría que la legislación que penaliza severamente la corrupción ya existe y las normas que regulan la actuación de políticos y funcionarios son bastante meticulosas. Incluso en el ámbito de la transparencia, aunque en algunas instituciones sea mejorable, hay normas exigentes al menos en el plano personal. Podría quizá estudiarse la ampliación del alcance de la pena de inhabilitación tanto en el plano temporal como en el material para que afecte no solo a la imposibilidad de ocupar cargos públicos sino también políticos.

Lo que veo más difícil -prácticamente imposible- es hacer una legislación pre-delito. Algo así como un Minority Report de la corrupción. La legislación ni puede ni debe retirar ningún derecho a un imputado, pues este es inocente hasta que, en su caso, sea condenado a través de sentencia. La imputación provee de un mejor derecho de defensa al habilitar la posibilidad de acceder al sumario, pero no prejuzga la culpabilidad o inocencia. Será en todo caso función de los partidos el actuar preventivamente de manera que, como en la cita de Plutarco, la mujer de César no deba estar ni siquiera bajo sospecha.

En definitiva, es desde la voluntad de ejercer una práctica ética en las organizaciones de los partidos desde donde puede mandarse un mensaje claro a políticos y sociedad a través de la toma de decisiones diligentes y decididas apartando y denunciando las actitudes corruptas. Ética que debe impregnar a la sociedad en su conjunto asumiendo todos los ciudadanos un acervo de valores. En este sentido, no deja de sorprender que a pesar del ruido y las protestas en las calles y medios de comunicación, en algunos lugares se premie con la mayoría absoluta a partidos que se encuentran envueltos en auténticos escándalos ante los tribunales.

Por otra parte, creo que, sin que pueda ser acusado de subjetivismo, puede afirmarse también que la escala de valores y las actitudes ante la corrupción que tradicionalmente se han tenido en Euskadi han servido para que, en comparación con el resto del Estado, los casos de corruptelas en nuestro país sean una anécdota. No es casualidad que en medio de los escándalos alrededor de la quiebra de las cajas de ahorro, las cajas vascas -ahora Kutxabank- aparezcan en los test de stress a los que se ha sometido a la banca como las entidades más solventes, por encima del BBVA o Banco Santander. La población vasca sabe que se gestiona mejor y más transparentemente en Euskadi que en el Estado. Evidentemente que habrá excepciones y casos de corrupción que aparezcan esporádicamente y afectando a un número limitado de personas. Pero al lado tendremos casos como el del Ayuntamiento de Bilbao, líder una y otra vez en el ranking de transparencia de los municipios del Estado y con una deuda prácticamente inexistente que habla de una buena gestión.

Luz y taquígrafos. En caso contrario, la sombra de la sospecha va a perseguir tozudamente al PP y a su presidente.