Voy a mis actuaciones. El martes por la tarde tocaba Proposición no de Ley del Grupo Popular sobre respuesta policial al maltrato. Un auténtico despropósito, en el que se quedó solo, pese al sentir general de que es necesario individualizar el riesgo al que cada víctima se enfrenta para protegerle de forma eficaz. En Euskadi se está haciendo ya por la Ertzaintza. No creo yo que deba haber planes estatales, ya que desde el Gobierno sólo les corresponde dictar instrucciones para la Policía y Guardia Civil, pero sobre todo me resulta sorprendente el empeño, que los socialistas comparten, de meter en estos temas a las delegaciones del Gobierno, cuando aquí no tienen título competencial alguno, y además el riesgo debe ser valorado y atendido por profesionales de la Policía y no por cargos políticos. Usando un símil sanitario, es como si el Viceconsejero de Sanidad diagnosticara y prescribiese tratamientos. Siempre me sorprende la escasa defensa que de las competencias propias hacen las demás formaciones nacionalistas (CIU, ERC…), como si la gravedad de la violencia de género justificase el que papá Estado entre a solucionar.

El miércoles por la mañana, presidí la primera comparecencia del Ministro de Sanidad, el eminente científico Bernart Soria, que estuvo a la altura que de él se esperaba. Con un importante pero…. desgranó un torrente de propuestas, salud buco-dental infantil incluida, para los sólo siete meses ciertos que le quedan de mandato. Parecería que va a medir sus tiempos escasos con los relojes flácidos que pintó Dalí. Iremos viendo.

Por la tarde, tras las preguntas al presidente, casi tapadas por la “noticia”, el Partido Popular interpeló al Gobierno sobre la defensa de la enseña nacional. La diputada interviniente utilizó todos los tópicos al uso, machacona, trivial, inconsistente, pero su bancada aplaudió a rabiar. Estuvo bien la Ministra Salgado, también nueva en Administraciones Públicas, veremos cómo se porta el PSOE en la Moción.

Ya el jueves, otro Ministro reciente, el de Justicia, hubo de defender un Proyecto de Código Penal que presentó su antecesor, y en cuya tramitación nadie cree. El motivo principal para una reforma, por cierto muy poco meditada, y mal recibida por la doctrina, es la adecuación a las obligaciones que la integración europea ha supuesto en el ámbito de la práctica penal. Por ello, adquieren especial importancia las cuestiones de carácter económico, si bien es cierto que se aprovecha el viaje para introducir reformas tanto en el Parte General como en los Libro II y III. Para nosotros resultan destacables las ausencias, toda vez que nada se propone, en nada se atreve el Gobierno Socialista, para excluir del Código Penal y de la legislación procesal y penitenciaria el agravamiento punitivo introducido en relación a los delitos de incidencia política, esto es, los llamados delitos de terrorismo, sobre todo las medidas introducidas en las dos Legislaturas de Gobierno del Partido Popular. Siendo el terrorismo uno de los problemas más graves de la sociedad actual, debe perseguirse eficazmente pero no mediante legislación de “excepción” –en opinión de doctrina autorizada- en la que el legislador actúa con clara tendencia autoritaria, lesionando gravemente garantías individuales de la persona. Esta crítica a lo que al Proyecto le falta, fue el eje de mi intervención, en coherencia con lo que venimos pidiendo al Gobierno socialista desde el principio: se suscitó ya en el debate de investidura, y hemos presentado diversas iniciativas al respecto. Este Gobierno de progreso no se ha atrevido a reconsiderar nada en esta materia. El talante de este Ministro podría permitir alguna esperanza; la ruptura del alto el fuego me aboca a la certeza de que no habrá nada. Otra cosa más sepultada en la T4.