Emilio Olabarria, portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, ha asegurado que “la resistencia numantina” del Ministro del Interior “a mantener la Ley de Seguridad Ciudadana acredita la derrota política que esta norma supone para el Gobierno español”.

Con motivo del debate sobre el Dictamen del Proyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, Olabarria ha insistido en el rechazo del Grupo Vasco a esta Ley y ha respondido a las declaraciones realizadas por el Ministro del Interior a lo largo de esta mañana: “el ignorante es usted”, le ha dicho, “las devoluciones en caliente son ilegales y contradicen el ordenamiento jurídico y tratados internacionales ratificados por el Estado español. Es más probable que el que esté equivocado sea usted y no todos los demás”.

Olabarria se ha referido así a las afirmaciones de Jorge Fernández Díaz, que ha calificado de ignorantes a los que se oponen a esta norma y que también ha instado a los ciudadanos que critican las devoluciones en caliente a que acojan en sus casas a los inmigrantes que entran en el Estado español de forma irregular: “Incluso los Diputados que usted considera que somos ignorantes merecemos una explicación porque usted pretende legalizar un delito penal como es el de la deportación ilegal”. Por todo ello, el Diputado de EAJ-PNV ha señalado que “estas declaraciones acreditan una derrota de su política en materia de seguridad y de extranjería”.

Además, Olabarria ha afirmado que el Proyecto de Ley “incurre en tres aberraciones jurídicas”. Ha explicado que la primera de ellas es “la conversión del concepto de seguridad ciudadana en un valor jurídico, recuperando el anacrónico concepto de orden público, que permite limitar o relativizar los derechos fundamentales y las libertades públicas”. En segundo lugar, ha denunciado que la norma “acomete un apoderamiento del espacio público para dejar de considerarlo un lugar para la interacción de los ciudadanos y convertirlo en un espacio donde solo se pueda hacer aquello que la ley permite”.

Y por último, Olabarria ha señalado que el “círculo vicioso se cierra con la limitación al derecho a la tutela judicial efectiva” al convertir las faltas en infracciones administrativas y obligar a los ciudadanos que las recurran a hacerlo en la jurisdicción contencioso administrativa, sujeta a tasas judiciales; “hay un retroceso también en esta materia”, ha zanjado.