El Grupo Parlamentario Vasco exige al Gobierno español terminar con los espacios de opacidad en la legislación procesal penal propicios para la tortura y propone, para ello, “documentar gráficamente toda la cadena de custodia, con las garantías adecuadas para que puedan constituir prueba documental en futuros procedimientos judiciales”. Asimismo, el Grupo Vasco exige “derogar las normas de excepción en donde la incomunicación dura cinco días con la imposibilidad de comunicarse con un tercero y el detenido no puede designar un abogado de confianza”.

EAJ-PNV recuerda que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha advertido al Estado español en este sentido y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado cinco veces al Reino de España por la renuencia de las autoridades gubernativas españolas a investigar torturas denunciadas. Por ello, el Grupo Vasco  solicita una “mejor tutela de los derechos del detenido o preso incomunicado durante el régimen de incomunicación” y un “equilibrio más ponderado que el actual entre los valores de seguridad y justicia”.

Así lo ha hecho constar en las enmiendas que ha presentado al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados.

Además, en las enmiendas referidas al Proyecto de Ley Ordinaria que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tramitado de manera conjunta con el Proyecto de Ley Orgánica anteriormente señalado, el Grupo Vasco muestra su desacuerdo con la exigencia de apertura de una causa por cada delito porque “supone multiplicar el trabajo de los jueces hasta límites inasumibles y supone no atender la necesaria conexidad de delitos ejecutados por un sistema de unidad de acción, unidad de dirección o banda organizada que puede contribuir a que los ciudadanos no puedan ver en su conjunto las grandes tramas de corrupción que están caracterizando a estos últimos tiempos”.

Tampoco está de acuerdo el Grupo Vaco con el establecimiento de un periodo de caducidad de la instrucción sumarial de seis meses porque “supone vulnerar la discrecionalidad y el buen sentido de los jueces de instrucción que no deben ser compelidos por un plazo temporal que degrade la calidad de las diligencias que deben instruir”.

Por último, el Grupo Vasco denuncia “vulneración del principio de división de poderes” al permitir, tal y como recoge el Proyecto de Ley, que un órgano como el Ministerio Fiscal pueda resolver un proceso cuando depende jerárquicamente de la Administración Pública.