Emilio Olabarria, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV en materia de justicia, ha asegurado que el Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita es inconstitucional y ha pedido la retirada de la norma.

En defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Vasco, Olabarria ha afirmado que la propuesta normativa del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, “vulnera el artículo 24 de la Constitución porque no se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva por la desmesura de las tasas judiciales” aprobadas a través de la Ley 10/2012.

En este mismo sentido, Olabarria ha denunciado que el Proyecto de Ley es “una mala operación, una operación poco inteligente” y ha calificado el texto de “huida hacia adelante centralizadora y que va a generar frustración porque no existen mecanismos financieros que garanticen el servicio”.

Además, Olabarria ha añadido explicado que el Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita es “contradictorio al vincular, en la exposición de motivos, la recaudación de las tasas judiciales a la financiación del servicio de justicia gratuita, pero establecer en el articulado que el sistema de financiación será el que establezcan los convenios con las Comunidades Autónomas con competencias en la materia con cargo a sus disposiciones presupuestarias”.

Así, el portavoz del Grupo Vasco en justicia ha reiterado, como ya lo hiciera a través de una pregunta oral en pleno al Ministro de Justicia y de una Proposición No de Ley apoyada por todos los grupos de la oposición, que “las Comunidades Autónomas con competencia en la materia no han recibido ni un solo euro de los más de 300 millones recaudados a través de las tasas judiciales” y ha vuelto a preguntar al Ministro por “el destino de esos fondos que se encuentran en manos de la Administración General del Estado”.

Por último, Emilio Olabarria ha asegurado que “las cosas no van bien en el Ministerio de Justicia” en referencia a la “amortización de la justicia universal” y otras “leyes estrella” como la reforma del Código Penal, “que está empantanada”, ha dicho Olabarria, y el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica del Poder judicial,  que “está a la espera”.