El Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV ha presentado una enmienda de totalidad al Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana en la que solicita la devolución de la norma al Gobierno español.

En el texto registrado esta tarde por el Grupo Vasco se señala que “en el Proyecto de Ley subyace una concepción restrictiva de las libertades públicas” como la libertad de expresión, de circulación o de libre participación en los asuntos públicos. En este sentido, Emilio Olabarria, portavoz del Grupo Vasco en Interior, ha asegurado que “esta Ley se ha erigido en una norma represora de la contestación social o de la disidencia en un contexto en el que hay más motivos que nunca para ejercer los derechos de libertad de expresión y manifestación por parte de los ciudadanos”.

El Diputado jeltzale, además, ha denunciado que en el Proyecto de Ley “existe una expansión del concepto de bien jurídico protegido con la seguridad ciudadana” y ha añadido que “dicha expansión acaba concibiendo la seguridad ciudadana como preservación del status quo institucional o social y de ciertos valores jurídicos o morales, cuyo amparo justificaría la represión de las conductas contrarias al mismo”. 

En definitiva, el Grupo Vasco denuncia que “se configura un concepto de seguridad ciudadana no como instrumento o presupuesto para el cabal ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas previstos constitucionalmente, sino como un derecho de naturaleza autónoma y de identidad ontológica superior a los derechos y libertades fundamentales relativizando y limitando su contenido esencial”.

Por otro lado, la enmienda de totalidad presentada critica “el planteamiento equívoco del Proyecto de Ley en lo que al ámbito competencial se refiere”. En concreto, se explica que “el Proyecto de Ley parece asimilar que las autoridades competentes en materia de seguridad ciudadana son las estatales, si bien reconoce que ‘asimismo’ pueden serlo las autoridades correspondientes en aquellas CCAA con competencias en la materia y cuerpo de policía propio en las materias atribuidas”. Sin embargo, el Grupo Vasco señala que “en la interpretación de los acuerdos de la Junta de Seguridad del País Vasco y en la práctica inveterada, la competencia ordinaria en materia de seguridad ciudadana es de la CAV resultando limitada la competencia de las autoridades estatales a los supuestos y materias explícitamente contemplados en el propio Estatuto de Autonomía (expedición de DNI y Pasaporte, régimen administrativo de extranjería, armas y explosivos)”.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV rechaza el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y solicita su devolución al Gobierno español.